Translate

Mostrando las entradas con la etiqueta Telecomunicaciones. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Telecomunicaciones. Mostrar todas las entradas

25 diciembre 2010

REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES EN VENEZUELA ~ Reversión de la Liberalización de las Telecomunicaciones


En la ley Orgánica de Telecomunicaciones ha quedado reformado y agregado:


1) Se disminuye el período de tiempo de duración de las Habilitaciones Administrativas y sus Atributos, así como las Concesiones de Uso y Expotación del Espectro Radioeléctrico de 25 a 15 años;

2) Se abre el camino a la re-publificación de las Telecomunicaciones en Venezuela al establecer que los mismo son Servicios de Interés Público, cambiando la naturaleza de los mismos que antes se consideraban de Interés General;

3) Se incluyen a los Servicios de Producción Nacional Audiovisual dentro del campo de regulación de las telecomunicaciones, lo cual obliga a todos aquellos productores nacionales de contenidos colocados en estructura de programación contínua y colocados como canal de televisión a través de operadoras de Servicios de Televisión por Suscripción a obtener un Permiso especial de CONATEL para poder aparecer en la pantallas de dichos operadores;

4) Se establece un nuevo tipo de Título Habilitante denominado "Permiso" el cual se refiere a actividades temporales;

5) Se establece que CONATEL administrará los nombres de dominio para internet de primer nivel .VE;

6) Queda establecida la posibilidad de Regulación de Tarifas en la prestación de los Servicios de Telecomunicaciones, a traves del Organo Rector. Las tarifas de los servicios de Telefonía Básica y los Servicios Universales, serán regulados;

7) Se Regula la prestación de Servicios de Capacidad Satelital, a traves del otrogamineto de Permisos, imponiendose además un tributo de 0,5% anual sobre los montos facturados;

8) Se elimina la posibilidad de cesión ó transferencia de Habilitaciones Administrativas, por ningún título;

9) Se crean restricciones a los accionistas y personas juridicas que hayan sido objeto de revocaciones de Habilitaciones Administrativas y/o Concesiones de Uso y Explotación de Espectro, para la obtención de nuevos Títulos para prestar servicios de Radio y Televisión;

10) Se abre un nuevo rpocedimiento de Transformación de Titulos, con el cual se propone una especie de revalidación de los Títulos que no han sido transformados por CONATEL en los términos que establecia la Ley vigente desde 2000. Los Operadores deberán ratificar sus solicitudes so pena de ser declaradas renunciadas;

11) Se autoriza a CANTV a prestar el servicio de Televisión por Suscripción;

12) Se obliga a los Operadores a armonizar sus Redes a los fines de la interconexión adecuada. Igualmente El Organo Rector, podrá dictar normas que regulen el despliegue de redes;

ENLACES A: REFORMA LEY DE TELECOMUNICACIONES & REFORMA LEY DE CONTENIDOS

A continuación encontrarán los enlaces a los Proyectos de Leyes Aprobados por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

1) LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES

2) LEY DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS ELECTRÓNICOS

04 agosto 2010

ADSCRIPCIÓN DE CONATEL ~ DECISIONES QUE ATENTAN CONTRA SU AUTONOMÍA


Una vez más el gobierno de Venezuela decide cambiar la adscripción de CONATEL ( Comisión Nacional de Telecomunicaciones) en abierta violación a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones vigente, publicada en Gaceta Oficial #36970 de 12 de julio de 2000.

CONATEL es el organismo de la administración pública venezolana, encargado de REGULAR el sector de las telecomunicaciones, desde el punto de vista técnico y legal, razón por la cual, desde su creación a través del Decreto Presidencial de 5 de septiembre de 1991, hasta la vigente Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se estableció su necesaria autonomía, instituyéndole como SERVICIO AUTÓNOMO, inicialmente, y luego a partir de la vigencia de la Ley actual, como INSTITUTO AUTÓNOMO, adscrito al Ministerio de Infraestructura (actual Ministerio de Transporte y Comunicaciones).

Así pués, la adscripción de CONATEL, como Instituto Autónomo, al Ministerio de Infraestructura (actual Ministerio de Transporte y Comunicaciones ó MTC), es una orden de carácter legal, establecido en la Ley Orgánica de Telecomuniacaciones vigente, la cual no puede ser modificada sino por otra ley, no por Decreto Presidencial, siendo así la modificación del Organo de Adscripción de CONATEL por vía de Actuación Administrativa del Presidente de Venezuela, una flagrante violación a la legalidad.

Pero, qué significa que CONATEL sea un Instituto Autónomo?. Significa que dicho organismo es un ente descentralizado de la administración pública nacional, con personalidad jurídica propia, es decir actúa en su propio nombre y no en el de la República, con presupuesto propio y derecho a administrar sus recursos, y decidir libremente en lo que corresponde a la Regulación de las Telecomunicaciones en el país, conforme a la Ley.

La autonomía descrita y prevista en la ley, es suficiente, desde el punto de vista legal, para garantizar la correcta regulación del sector telecomunicaciones, sin presiones políticas, ni económicas, en aras de mantener el equilibrio y la legalidad en el sector, garantía de un correcto desarrollo del sector, sin embargo resulta insuficiente ante el constante ataque que sufre desde el poder del ejecutivo nacional y su "influencia" en los demás poderes públicos.

Es pues CONATEL, desde el punto de vista legal, un organismo AUTÓNOMO, que no recibe, legalmente, órdenes de ningún otro organismo de la Administración Pública Nacional.

Sin embargo, en Decreto Presidencial Nº 7.588 de fecha 27 de julio de 2010, publicado en la Gaceta Oficial # 39.479 de 3 de agosto de 2010, CONATEL pasa denuevo a cambiar de Organo de Adscripción, y se le atribuye a la Vicepresidencia de la República.

Ya en 2006 se había modificado la adscripción de CONATEL, con la creación del Ministerio de Telecomunicaciones, violando con ello la ley, y alineando la estructura de regulación del sector, a los planes de nacionalización de las telecomunicaciones esbozados en la rechazada reforma a la Constitución vigente, en la cual se estableció inicialmente la idea de constituir a las telecomunicaciones en Servicios Públicos, retrocediendo el proceso de apertura y volviendo a lo establecido en la Ley de 1940.

En definitiva, y aparte del hecho ilegal del cambio contínuo de adscripción del Regulador de las Telecomunicaciones por vía de Decreto Presidencial en vez de la reforma de la Ley, pareciera que se busca debilitar continuamente la autonomía de éste organo, desnaturalizando el espíritu de la Ley vigente y el proceso de apertura iniciado en 1990 en Venezuela, atentando así contra el desarrollo de un sector que se niega a ser sometido a la filosofía centralizadora y neo-nacionalizadora de quienes detentan el poder en Venezuela y que se esfuerzan por rebobinar el proceso aperturista vivido hasta la fecha, en contravención de la Ley y de la Constitución, y de la voluntad de quienes participan como proveedores de servcios y de quienes actúan como receptores de los mismos.

08 junio 2009

INDICADORES DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN VENEZUELA ( 1er Trimestre 2009)

A continuación presentamos un cuadro con los indicadores mas recientes publicados por CONATEL, en relación a los servicios de telecomunicaciones en Venezuela.




TELFONÍA MÓVIL
Como puede apreciarse, casi el 100% de los venezolanos tiene acceso a los Servicios de Telefonía Móvil Celular, hecho éste que da cuenta de un avance gigante en éste mercado, pasando de 19 millones de habitantes atendidos en el año 2006 a casi 28 millones de habitantes atendidos hasta marzo de 2009. Es importante destacar que el mayor porcentaje de usuarios del servicio de telefonía móvil está activo en la modalidad de pre-pago, así como el mayor tráfico se genera en los servicios de mensajería de texto, con tres operadores activos a nivel nacional ( MOVILNET, MOVISTAR, DIGITEL) todos prestando sus servicios con redes GSM-GPRS, y con planes de ampliación de servcios a través de las redes 3G en proceso de despliegue. No hay en el país Operadores Móviles Virtuales.

TELEFONÍA FIJA
Así mismo puede apreciarse que la penetración de la Telefonía Fija Residencial, es realmente baja, con un total de suscriptores atendidos de casi 7 millones, representando el 23% de penetración. Esto evidencia la necesidad de establecer en el país una política de apertura del bucle de abonado (última milla ó red de acceso)por una parte, e incentivo para que los operadores inviertan en el establecimiento de redes de acceso por la otra, incluyendo las redes inalámbricas que abaratan costos. Es ensencial pues, a los efectos de la universalización de los Servicios de Telefonía Fija, vistos como Prestación de Servicio Público en algunas legislaciones, extender el alcance de las redes de acceso establecidas en el país. Actualmente diversos operadores prestan el servicio: CANTV (compañía estatal que presta el servicio a traves de la tradicional red de acceso de par de cobre con centrales digitales), con posición absoluta de dominio en redes de acceso, suscriptores, tráfico y alquiler de circuitos; MOVISTAR, prestadora del servicio a traves de redes inalámbricas asociadas a la telefonía celular; y las cableras INTERCABLE, y NET-UNO a traves de redes de fibra óptica y acceso por cable coaxial.

TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN
En lo que respecta a la Televisión por Suscripción, 29 de cada 100 hogares en Venezuela tienen acceso a éste servicio, lo cual es aún bajo, se aprecia una tendencia al aumento de la penetración, pasando del 23% en 2006 al 29% en 2009. En relación al porcentaje de penetración tomando en cuenta la cantidad de suscriptores efectivos, se estaría hablando de un 7%, no muy representativo dado el hecho de que por cada suscriptor hay un promedio de 4 personas que disfrutan el servicio. Los operadores mas significativos de éste mercado son: DIRECTV, INTERCABLE, NET-UNO, y SUPERCABLE, el primero por medio del uso de satélite, y los demás por redes de fibra óptica y acceso de cable coaxial.

INTERNET
El mercado de internet se mantiene en cifras muy bajas en Venezuela (5,60% de penetración), la pobreza de gran parte de la población impide el acceso a equipos terminales (computadoras / ordenadores), y la carencia de línea telefónica de gran parte de la población (solo el 23% de penetración de la telefonía fija), son factores que juegan en contra de la expansión de éste mercado, sin embargo, las nuevas tecnologías de acceso inalámbrico podrían hacer disminuir la brecha. El satélite Simón Bolívar, tiene como finalidad abrir las posibilidades de acceso de forma inalámbrica, sin embargo aún no se conoce la fecha en que dicho aparato empezará a prestar servicios. CANTV lidera el mercado a traves de servicios ADSL, y dial-up; INTERCABLE, NET-UNO y SUPERCABLE los prestan a traves de sus redes de fibra óptica y acceso por cable coaxial, y recientemente entró en el mercado MOVILMAX, empresa que ofrece acceso inalámbrico con tecnología WI-MAX. Las operadoras de servicios de telefonía celular ofrecen servicios de acceso a internet basados en GPRS, EVDO y otras con el uso de redes 3G.

Si desea infromación mas detallada puede encontrarla en: http://www.conatel.gob.ve/Indicadores/indicadores2009/Presentaci%C3%B3n_publica_Itrim_2009.pdf

11 noviembre 2008

SATÉLITE VENESAT-1



El 28 de octubre de 2008, fue lanzado el satélite venezolano denominado VENESAT-1.

Dicho lanzamiento se hizo desde La República Popular China, país que diseñó y construyó el satélite para Venezuela.

El lanzamiento del satélite conocido popularmente en nuestro país como Simón Bolívar, marca sin duda un hito en la historia de las comunicaciones del país, y coloca a Venezuela entre los 4 países latinoamericanos (Brasil, Argentina, México, y Venezuela) que poseen satélites orbitando la tierra.

El proyecto de un satélite propio venezolano, ha tenido una larga y tortuosa historia en los últimos 30 años, que pasó de ser un proyecto propio del país a ser un proyecto del Pacto Andino (Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela)y mas adelante el Proyecto Cóndor de la Comunidad Andina de Naciones, el cual por problemas fiancieros nunca cristalizó, a pesar de existir hasta una agencia andina encargada del tema espacial.

Una vez separada Venezuela de la CAN, acordó con Uruguay el uso de una órbita reservada para su uso, quedando autorizado el pais por la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) para el uso de la posición 78°oeste.

El satélite de fabricación china que servirá a Venezuela, es un satélite geoestacionario, esto significa que da vueltas a la misma velocidad de la tierra, a una altura de 36 mil Km, permaneciendo su sombra, "estacionada" en la parte central y sur del continente americano, capaz de servir a los países Latinoamericanos y del Caribe.

El VENESAT-1, esta compuesto de 28 transpondedores y 4 antenas, que trabajan en las frecuencias C (4 - 6 Ghz), Ka (20 a 30 Ghz), y Ku (12 a 17 Ghz), destinados, según informa la ABAE (Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales), a lograr la cobertura total del país en acceso a servicios de telecomunicaciones, en línea con el Plan 2007 -2013 de telecomunicaciones esbozado por CONATEL, en el marco de la fallida reforma constitucional del año pasado.

Así pues, el satélite, que será operado por CANTV, nos brinda la oportunidad de lograr niveles elevados de penetración de los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional, pues elimina en parte la necesidad de despliegue de redes alámbricas, al llevar los servicios a las regiones mas remotas donde simplemente deberán colocarse estaciones receptoras de señales satelitales, así como el despliegue, en teoría, de redes inalámbricas que aprovechen tecnologías Wi-Max, GSM-GPRS, LMDS, y demás, con el aumento de la velocidad de conexión derivado del aumento de la potencia de emisión y recepción, gracias al satélite. Esto sin duda será, de ocurrir en l apráctica, un enorme avance.

Falta saber si el proyecto, sostenido absolutamente por fondos gubernamentales, será sustentable en el futuro, bien a través de su autofinanciamiento, por llegar a ser rentable con la venta de capacidad dentro y fuera del país, ó bien a traves de la inyección de fondos por medio de subsidios del Estado. Todo ello, en medio de una tendecia a la baja en los precios del petróleo, y en consecuencia baja de los ingresos gubernamentales.

El modelo de prestación de servicios de telecomunicaciones que aún subsiste en Venezuela, a pesar de la nacionalización del operador de redes y telefonía dominante (CANTV), es un sistema abierto, liberalizado en el que impera la libre competencia, sabemos claramente que es la intención del gobierno venezolano, la de "publificar" las telecomunicaciones, y en medio de ésto nos preguntamos: ¿Cual es el futuro del VENESAT-1? ¿Logrará Venezuela los objetivos que se ha trazado con el lanzamiento de éste satélite? ¿ Cual es el papel que le tocará a los operadores de servcios de telecomunicaciones privados establecidos? ¿Habrá cabida para el beneficio en la expansión de las operaciones de éstas empresas? Es dificil predecirlo.

11 febrero 2008

DERECHO A LA PRIVACIDAD - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TIC´s


El Derecho a la Privacidad ha venido tomando importancia en el mundo moderno, en el cual, de manera continua, estamos expuestos al uso de nuestra Información de Carácter Personal por distintos medios de transmisión y recepción de información.

Hace más de 30 años que los tratados internacionales sobre Derechos Humanos han reconocido el Derecho a la Privacidad de las personas, como un derecho esencial a la condición humana.

De hecho tal reconocimiento se ha anticipado al vertiginoso crecimiento y desarrollo de las telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información en la actualidad, sirviendo de base a los sistemas y estándares universales de la Protección de Datos.

El Derecho a la Privacidad implica la imposición de condiciones de respeto y limitaciones en el manejo de Información de Carácter Personal de los ciudadanos. Así mismo implica el Derecho a la Autodeterminación Informática, por medio de la cual los ciudadanos podemos controlar la información que sobre cada uno de nosotros manejan tanto el Estado, como los particulares, quienes se ven obligados a permitirnos el acceso a dicha información, así como a corregir, eliminar ó clasificar en sus archivos, todos aquellos datos que se refieran a las personas.

El ejercicio del Derecho a la Privacidad, y a la Autodeterminación informática se hace realidad a través de instrumentos legales tales como el denominado Habeas Data, ó Amparo Constitucional sobre Datos.

Son pues, datos protegidos especialmente por la legislación, aquellos de Carácter Personal de los ciudadanos, pues es ésta información susceptible de ser utilizada con fines comerciales desleales, ó peor aún con fines discriminatorios.

Así mismo la información sensible como, afiliación política, raza, credo y tendencia sexual, son datos considerados como estrictamente confidenciales, los cuales no deben ser recabados, ni tratados, por ningún ente público ó privado sin el expreso consentimiento de aquella persona a quien se refieren tales datos, y en todo caso deben manejarse niveles importantes de seguridad informática para garantizar la confidencialidad de tal información.

Por otro lado, toda información que incluya, nombre, identificación, número telefónico, direcciones postales y de correo electrónico, así como cualquier otra que pueda identificar tendencias de consumo, y uso de servicios, solo debe ser recabada y tratada con el fin para el cual se ha colectado, evitando el posterior uso de tales datos, particularmente de Correos Electrónicos y Número de Teléfono Celular, para el envío de Mensajes Comerciales No Solicitados.

Las denominadas Comunicaciones Comerciales No Solicitadas ó comúnmente conocidas como “Spam”, han tenido un tratamiento especial y diferenciado en distintas legislaciones y regiones del mundo.

Así en la Unión Europea, se ha considerado que tales comunicaciones invasivas de la privacidad de los usuarios de servicios, únicamente serán consideradas como legales en aquellos casos en que los usuarios de los servicios de la Sociedad de la Información, hayan aceptado expresamente, y por anticipado, la recepción de dicha comunicación. Esta modalidad se ha denominado “Opt-In”. En Venezuela se ha acogido dicho modelo, quedando establecido en la Ley de Protección al Consumidor y Usuario vigente.

En los Estados Unidos de América, se ha aceptado que una vez que los usuarios reciban este tipo de comunicaciones “Spam”, deben tener la opción de exigir ser retirados de las bases de datos, y que así cese el envío de Mensajes Comerciales no Solicitados. Esta modalidad es conocida como “Opt-out”.

El problema de la aplicación de ambas modalidades, es fundamentalmente que la red universal Internet, permite el acceso de sus usuarios a los portales, y las paginas a nivel internacional, lo cual limita la capacidad de control en cada país sobre este tipo de comunicaciones, pues en cada jurisdicción se aplican reglas distintas, y la ley de cada una es aplicable judicialmente en el ámbito de la soberanía de cada país.

A los efectos de la protección efectiva de los Datos e Información Confidencial, las legislaciones de los países han ido acogiendo los criterios y estándares de protección que permitan desarrollar confianza en los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y las TIC´s , sin la cual se hace imposible el desarrollo de actividades conexas como es el Comercio Electrónico.

Han sido pioneros en esta área los países de la Unión Europea, donde se han venido transponiendo las Directivas de la Unión, relativas a la Protección de la Privacidad, a tal punto que el desarrollo tecnológico en muchos casos ha debido adecuarse a los estándares legales, tal es el caso del denominado “Caller ID” ó Identificador de Llamada Entrante, en la telefonía celular.

En América Latina, el desarrollo en este campo ha sido más lento, actualmente podría decirse que está en pleno desarrollo.

En Venezuela, a partir del reconocimiento constitucional del Derecho a la Privacidad en las Comunicaciones y del Derecho a la Autodeterminación Informática a través del Habeas Data, se estableció la obligación de desarrollar una legislación sobre Protección de Datos que permitiera seguridad jurídica a la hora de ejercer dichos derechos, desafortunadamente el Poder Legislativo ha incumplido su deber, y a mas de 8 años de la Reforma Constitucional de 1999, aún no existe una Ley de Protección de Datos que recoja la regulación de la materia y garantice a los ciudadanos la debida protección.

Sin embargo, en el país contamos con regulación establecida en otros cuerpos legales, nacidos de la necesidad de reglamentar, precisamente, el sector telecomunicaciones y TIC´s en lo que se refiere a la recolección de datos, manejo de información, y su protección.

Es el caso del Decreto Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, publicado en Gaceta Oficial # 37.148 de 28 de febrero de 2001. En dicho cuerpo normativo se estableció de forma general que los Mensajes de Datos, es decir toda comunicación cursada por vía electrónica, estarán sometidos a las disposiciones constitucionales y legales que garantizan el derecho a la privacidad de las comunicaciones y de acceso a la información, estableciéndose en el país el principio legal de resguardo de la privacidad de las comunicaciones efectuadas por vía electrónica, y haciendo de aplicación la Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones, en aquellos casos de violaciones sobre los Mensajes de Datos.

La Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones, publicada en Gaceta Oficial # 34.863 de 16 de diciembre de 1991, tuvo su origen en las violaciones a la privacidad de las comunicaciones telefónicas, aún así, tal como lo ha ordenado la misma Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, es de aplicación a los casos de violación de la privacidad de las comunicaciones cursadas por vía electrónica, es decir, fundamentalmente aquellas cursadas a través de internet.

Así, la ley en cuestión protege la privacidad, confidencialidad, inviolabilidad y secreto de las comunicaciones entre 2 ó más personas, sancionando aquellas actividades que violentan dichos principios, con penas privativas de libertad hasta por 5 años, quedando siempre a salvo la posibilidad de intervención policial de las comunicaciones, para lo cual será siempre necesario contar con autorización judicial.

Por su parte la Ley Especial contra Delitos Informáticos, publicada en Gaceta Oficial # 37.313 de 30 de octubre de 2001, estableció como delitos informáticos penados con privación de la libertad de 2 a 6 años y multas elevadas: 1) La Violación de la Privacidad de la Información de Carácter Personal; 2) La Violación de la Privacidad de las Comunicaciones; 3) La Revelación Indebida de Información de Carácter Personal.

Finalmente, el Decreto Ley de la Función Pública de la Estadística, publicado en Gaceta Oficial # 37.321 de 9 de noviembre de 2001, estableció las reglas de obtención y tratamiento de la información por parte del Estado, quedando obligados los ciudadanos y personas jurídicas a proporcionar la información estadística de utilidad pública, que los entes del Estado previamente autorizados soliciten, la cual deberá ser entregada de forma veraz, completa, oportuna e imparcial.

Se establece que aquellos datos referidos al origen étnico, opiniones políticas, convicciones ideológicas, morales ó religiosas, y en general aquellas referidas al honor y a la intimidad personal, ó familiar, solo podrán recogerse y tratarse previo consentimiento expreso del afectado, jamás podrán utilizarse con fines distintos a aquellos que originaron su recogida.

Los Datos de Carácter Personal, solo podrán ser recolectados y tratados cuando sean adecuados, pertinentes, y no excesivos, todo ello en relación con el ámbito y la finalidad de su recogida y tratamiento, la cual debe haberse determinado e informado a las personas de forma explícita y legítima.

Tanto las persona naturales como las personas jurídicas tiene derecho al acceso a la información estadística en general y a la información que les concierne, a partir de que el Estado tenga disponible los instrumentos para los cuales fue utilizada. Así mismo, según la Ley en cuestión, las personas naturales y jurídicas tienen el derecho a solicitar la rectificación de la información que les concierne.

Ciertamente la Privacidad es hoy un tema que preocupa a los ciudadanos de todo el mundo, en la medida en que tanto los entes gubernamentales como los entes comerciales, están a l asecho de los datos personales de todos, unos con fines políticos, otros con fines comerciales, y la mayoría escudados en razones de seguridad de estado.

Con el avance de la tecnología, el acceso a dichos datos se ha hecho tremendamente fácil. Los ciudadanos deben contar con sistemas que garanticen la seguridad de su información frente a la voracidad estatal y comercial, la cual no excluye a grupos sectarios cuyos objetivos sean discriminatorios.

Las leyes sobre Protección de Datos deben ser aplicadas con la mayor amplitud, a los fines de garantizar la protección de los ciudadanos.

Los Operadores de Servicios de Telecomunicaciones, los Operadores de Servicios de la Sociedad de la Información, y en general la Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s), deben aplicar los sistemas y estándares que permitan a los usuarios la confianza necesaria para que continúe el avance tecnológico, y se universalice el uso de tecnologías, y servicios.

18 diciembre 2007

EL PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 2007-2013 - Comentarios



En fechas recientes se celebró un foro patrocinado por CASETEL, con la invaluable participación del Ministro de Telecomunicaciones de Venezuela.

Dicho evento sirvió para que se expusiera a los empresarios del sector, el denominado Plan Nacional de las Telecomunicaciones, el cual contiene innovaciones que afectarán el orden regulatorio actual.

El Plan del Ministerio de Telecomunicaciones, tiene como objetivo, lograr la penetración de la telefonía y de los servicios de Internet en la mayor parte del territorio nacional, desatendido tradicionalmente, de modo de lograr que toda la población del país, esté cubierta, por los servicios de telefonía y acceso a la Web.

Para ello, el estado, directamente, se encargará de financiar y desplegar una gigantesca red de transporte, que permitría llegar a todos los rincones del país, así como la puesta en órbita y funcionamiento del satélite Simón Bolívar, con el cual, a partir de agosto de 2008, se prevé el uso de bandas de frecuencia novedosas y de alta penetración, que permitirían multiplicar la eficiencia, utilidad y convergencia de las redes, con lo cual, según el plan, en principio el país estaría encaminado al logro de la penetración total de los servicios de telecomunicaciones.

A los fines del logro de este objetivo, el gobierno tiene prevista la “publificación” de los servicios de telefonía básica, es decir, la conversión a Servicio Público de la Telefonía Básica, los cuales se prestan actualmente en régimen de libre competencia, como servicios de Interés General.

Así pues en el año 2008 veremos como la telefonía básica (Fija Residencial, Larga Distancia Nacional y Larga Distancia Internacional) se transforma en Servicio Público, consumándose el movimiento, en dirección contraria al proceso de liberalización vigente de los servicios de telecomunicaciones en Venezuela.

El proceso de liberalización, iniciado formalmente con la promulgación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del año 2000, ha significado el avance de dichos servicios en el país y la irrupción de un sector económico con un peso muy significativo. Dudamos que en 7 años de vigencia de la ley actual haya sido posible determinar la necesidad de retroceder tan radicalmente.

¿Qué significará para el sector el cambio de rumbo? De entrada, y una vez sea promulgada la nueva ley, los operadores actuales de telefonía básica, dejarán de tener un Título Legal al amparo del cual seguir prestando sus servicios, haciéndose necesaria la implantación de un proceso de nueva conversión de licencias actuales, en Concesiones de Prestación de Servicios Públicos.

La experiencia del proceso de transformación de títulos prevista en la LOTEL vigente, hace dudar de la confiabilidad en la correcta y transparente implantación, de un eventual nuevo proceso de transformación, mas aún si éste está destinado a convertir Títulos otorgados al amparo de competencias regladas, en Títulos que dependerán de la discrecionalidad, principio que informa el otorgamiento de Concesiones de prestación de Servicios Públicos.

Aún mas, una vez resuelto el problema autorizatorio-regulatorio de estos servicios como Servicios Públicos, los operadores deberán someterse a la discrecionalidad del Estado en la vigilancia y control de la prestación de los mismos, pues el cambio de régimen legal implicará que será el Estado el titular de este servicio, y en consecuencia de forma discrecional decidirá sobre tarifas, obligaciones de penetración y despliegue de redes, autorizaciones para el uso del espectro radioeléctrico, desarrollo de negocios, y todos los temas que, al amparo del régimen actual, corresponden a la decisión exclusiva de las empresas.

Así pues, las operadoras establecidas actualmente, las cuales han venido haciendo inversiones para el desarrollo de la telefonía básica en el país, deberán replantearse su esquema de negocio, pues además de estar en éste momento compitiendo con el operador dominante (CANTV), estarán compitiendo con el propio Estado –su propietario-, sin garantías de que, siendo la Telefonía Básica en el futuro un Servicio Público, el papel de Regulador ejercido por el mismo Estado, no se confunda con el de la empresa (CANTV), destruyendo la posibilidad de existencia de condiciones de una mediana competencia leal.

En medio de éste panorama, cuya concreción podremos ver en el primer semestre de 2008, queda por definir, ¿Cuál será el papel de la empresa privada – operadores establecidos- en el nuevo esquema de servicios de Telefonía Básica? Las empresas deberán analizar los espacios de mercado que puedan quedar disponibles de manera de concentrar sus inversiones en éstos segmentos, particularmente la inversión en red de acceso, tan deficiente en el país, podría ser atractiva a los fines de aprovechar la eventual inversión estatal en red de transporte, intentando llegar a los consumidores.

El viejo deseo de hacer disponible a todos los venezolanos las redes y servicios de telefonía, es sin duda una prioridad para el desarrollo del sector de las telecomunicaciones. Surgen grandes dudas sobre la capacidad del Estado empresario para emprender una tarea titánica como la planteada. El modelo de apertura-liberalización de la telecomunicaciones, ha permitido en Venezuela y en todo el mundo, el crecimiento y puesta a disposición de los ciudadanos de tecnología, servicios, y redes, ahora bien estos procesos toman tiempo, y Venezuela solo lleva 7 años en ello, con grandes avances que exhibir.

Aplicar la reversa en este momento, en lo que respecta a telefonía básica, puede ser un error muy grande, podría implicar precisamente no alcanzar el objetivo planteado, mas aún si el financiamiento de tan ambicioso proyecto depende de vaivenes políticos, inevitables siempre que sea el gobierno – cualquier gobierno- quien lo emprenda. El precio sería pagado fundamentalmente por los ciudadanos.

13 noviembre 2007

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

NOTA DE ACTUALIZACIÓN: En el Proyecto de Reforma de la Constitución Venezolana, aprobada por la Asamblea Nacional el 2 de noviembre de 2007, el ART. 156.30 fue cambiado.

Así Los términos en que quedó incluyen únicamente a la Telefonía Básica como Servicio Público, cuya regulación correspondería al Poder Nacional.

Esto excluye las consideraciones hechas el 27 de septiembre de 2007 en el artículo LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y LAS TELECOMUNICACIONES, relativas a la Televisión Por Suscripción.

27 septiembre 2007

LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y LAS TELECOMUNICACIONES EN VENEZUELA




Entre los temas que quedarán reformados ó reformulados en Venezuela, de aprobarse la nueva Constitución promovida desde el gobierno, está todo el régimen que regula las telecomunicaciones.

La importante variación conceptual del sector, ha pasado desapercibida en el calor de la discusión política, siendo de una importancia capital para el país, considerándo que el sector telecomunicaciones es uno de los motores de la economía nacional.

El artículo 156 de la Constitución vigente, establece en su numeral 28, que es competencia del Poder Público Nacional el régimen legal de las Telecomunicaciones.

Así mismo el numeral 29, del artículo constitucional mencionado, establece que es competencia del Poder Publico Nacional – no de Estados ni de Municipios- el régimen de los Servicios Públicos.

La disposición constitucional mencionada, y sus numerales, dejan claramente separados los SERVICIOS PÚBLICOS de los SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, con lo cual no se deja dudas al respecto de considerar que los Servicios de Telecomunicaciones, no son, dentro de nuestro régimen legal actual y vigente, Servicios Públicos, y en consecuencia no le son aplicables los principios y normas legales que los regulan, sino los principios y normas legales que regulan el libre comercio, la competencia, y el régimen autorizatorio para la prestación de los servicios, en virtud del carácter de Interés General de las actividades del sector.

Según el proyecto de reforma constitucional, se ha cambiado la redacción de los numerales equivalentes del mismo artículo 156 de la Constitución, para establecer que: a) Numeral 29: Corresponde al Poder Publico Nacional el régimen de las Telecomunicaciones; y b) Numeral 30: Corresponde al Poder Público Nacional el régimen de Servicios Públicos, especialmente los Servicios de Electricidad, Telefonía por Cable, Inalámbrica y Satelital, Televisión por Suscripción, Agua Potable y Gas.

Es decir, según esta norma constitucional, la Telefonía por Cable, la Telefonía Inalámbrica, la Telefonía Satelital, y la Televisión por Suscripción, son SERVICIOS PÚBLICOS, sustrayendo estas actividades injustificadamente del ámbito de las telecomunicaciones, y sometiéndolas irremediablemente al régimen de los Servicios Públicos.

Esto significará que será El Estado el único titular de los mismos, con control absoluto sobre ellos, y potestad discrecional de otorgar o no Concesiones para su prestación, haciéndose inmediatamente INVALIDOS los títulos (Habilitación Administrativa y Concesión de Uso y Explotación de Espectro) al amparo de los cuales los operadores actuales de éstos servicios los prestan, de conformidad con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones vigente. Esto podría causar un caos en el sector.

Adicionalmente parece cambiarse el principio de Neutralidad Tecnológica, según el cual, la regulación en materia de telecomunicaciones se centra en los servicios y no en las tecnologías por medio de las cuales se prestan. En efecto, al establecer en la reforma constitucional como Servicios Públicos determinados medios de prestación –para el caso de la telefonía- como inalámbrica, satelital, por cable, se estaría iniciando una regulación diferenciada en base a la tecnología usada, y así ¿Seguirá siendo Servicio de Telecomunicaciones la Telefonía por Par de Cobre?

En el caso de la Televisión por Suscripción, resulta mas extraño aún, pues en ninguna legislación éste servicio ha sido considerado un Servicio Público, entre otras cosas porque no es esencial, y porque implica la recepción de contenidos escogidos por el usuario.

¿Qué sentido tendrá convertirlo en Servicio Público? ¿Cómo se tratará la convergencia de redes y servicios? ¿Tendrán cada servicio un tratamiento distinto a pesar de usar las mismas redes? ¿Por qué la Televisión Abierta queda fuera del ámbito de los Servicios Públicos mientras la Televisión por Suscripción es incluida? No se conoce la respuesta a ninguna de estas interrogantes.

Es necesario recordar que Venezuela hasta el año 2000, se rigió por un modelo estatista de prestación de los servicios de telecomunicaciones en su totalidad, basado en la consideración legal de dichos servicios como SERVICIOS PÚBLICOS, de allí que el Estado, titular de dichos servicios, otorgara Concesiones para la prestación de los mismos –Concesiones esencialmente distintas a las de Uso y Explotación de Espectro actuales-, principalmente a CANTV, la cual estaba sometida a todo tipo de controles y decisiones gubernamentales unilaterales, en su carácter de titular del servicio y concedente.

El control administrativo, cuya fuente legal era la condición de Servicio Público de la actividad de Telecomunicaciones, tuvo fundamento práctico en la protección de los usuarios, y en la consideración de inviabilidad de la libre competencia, en lo que se consideraba un monopolio natural, estas razones no existen en la actualidad.

Con el avance tecnológico y el fracaso del modelo descrito anteriormente, principalmente debido a la ineficiencia del monopolio estatal, y la falta de inversión, y con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en el año 2000, se estableció en el país un modelo libre para la prestación de dichos servicios, entendiendo que los mismos son SERVICIOS DE INTERES GENERAL (Art. 5. LOTEL), que se prestan en libre competencia, y sujetos a la Regulación del Estado –que no del gobierno- a través de un Instituto Autónomo especializado, denominado CONATEL.

El proceso de liberalización vivido desde 1991, y cuyo momento cumbre quizá haya sido la entrada en vigencia de la ley vigente desde 2000, permitió en el país, la proliferación de todo tipo de prestadores de servicios, el creciente acceso de los ciudadanos a distintos servicios que garantizan la libertad de expresión, la libre empresa y el ejercicio de los derechos humanos, la actualización tecnológica, y el crecimiento del sector, a tal punto que, en el año 2005, se convirtió en el segundo en importancia y producción en el país.

La reforma de este proceso llevada al extremo de convertir en Servicios Públicos, Servicios de Telecomunicaciones antes liberalizados, podría significar un retroceso que se manifestará en la calidad de los servicios, el desarrollo humano de los venezolanos, y el avance del sector.

31 enero 2007

AMENAZA AL RÉGIMEN ABIERTO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN VZLA.


A partir de los anuncios de NACIONALIZACIÓN DE CANTV y NO RENOVACIÓN DE CONCESION A RCTV, que en los primeros días del año se formularon desde la Presidencia de la República, se viene configurando en el país una grave amenaza al Régimen Abierto de las Telecomunicaciones vigente, que podría generar en el futuro una deficiencia de servicios, afectando en definitiva el ejercicio de los derechos a la Comunicación, Libertad de Expresión, y Libre Empresa de los ciudadanos en el país.

En Venezuela como en el resto del mundo occidental, se ha venido desarrollando, desde el año 1995 en adelante, un proceso de Apertura y Liberalización de las Telecomunicaciones, que en algo mas de 10 años nos ha llevado a que convivan en el mercado infinidad de Operadores de los distintos servicios contenidos en las 3 grandes Áreas de Desarrollo de las Comunicaciones: 1) Telefonía –fija y móvil; 2) Televisión –abierta y por suscripción; y 3) Internet. Esta diversidad ha permitido el crecimiento en la penetración de las telecomunicaciones, y el cada vez mayor acceso de los ciudadanos a las redes y servicios.

Así pues pasamos de un modelo según el cual la prestación de servicios de telecomunicaciones correspondía al estado, quien otorgaba CONCESIONES DE SERVICIO PUBLICO a los particulares para que lo prestara en su nombre (Ley Orgánica de Telecomunicaciones de 1940), a un modelo en el cual el estado abandonó la titularidad de estos servicios, permitiendo que los particulares los presten en Libre Competencia (Ley Orgánica de Telecomunicaciones de 2000). Esto equivale a decir que se pasó de entender a las Telecomunicaciones como SERVICIOS PÚBLICOS, a ubicarlas en el ámbito de los SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL.

El proceso de Liberalización de las Telecomunicaciones, no ha surgido de la nada, ó por el capricho de grupos determinados, este proceso surge de la necesidad de romper el MONOPOLIO ESTATAL constituido como un Monopolio Natural, aplicar el sistema de ECONOMÍAS DE ESCALA para permitir la competencia entre operadores, y así liberar al Estado de la obligación de prestar un servicio que otros pueden asumir en condiciones de mayor eficiencia y con mejores garantías para los ciudadanos, quedando El Estado con la importantísima función de Regular el Sector a través del MINFRA y CONATEL, y así permitir que se concentre en las actividades de Fomento, Policía y Servicios Públicos.

Los resultados de este proceso pueden constatarse en los 16 millones de venezolanos que hoy acceden a la telefonía celular, en el creciente acceso a INTERNET (mas de un millón de suscriptores), en el alto número de operadoras de cable y televisión por suscripción, y en la multiplicidad de tecnologías a la mano de la ciudadanía.


LA ESTATIZACIÓN DE CANTV

La Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela, fue privatizada en el año de 1991. Para ese entonces la prestación del servicio telefónico estaba en manos del Estado a través de la titularidad legal del, para entonces, Servicio Público de Telefonía, por un lado, y por otro lado por el hecho de ser El Estado el propietario de la Compañía Anónima.

En virtud de los avances tecnológicos en materia de telefonía y redes, y dado el rezago e ineficiencia exhibidos por El Estado para la prestación de este servicio, además de la carga financiera que representaba, se resolvió la venta de la CANTV, la cual operaba el servicio al amparo de una Concesión para prestación del Servicio Público de Telefonía, en absoluto monopolio (Modelo de la Ley de 1940). La Privatización de esta empresa resultó ser muy exitosa prueba de lo cual es el servicio telefónico que se presta en la actualidad y la sanidad financiera de la empresa, en el marco de la libre competencia instaurada en el sector a partir de 2000.

La CANTV se ha visto en la actualidad sometida a la intención del Gobierno Nacional de controlar su capital denuevo. Con la eventual NACIONALIZACIÓN y/o ESTATIZACIÓN de la compañía, que mantiene posición de dominio en varios de los mercados de telecomunicaciones (Telefonía Fija, Redes, Transporte, Interconexión), se verificaría un retroceso en el proceso de Apertura en la medida en que vuelve El Estado a asumir la prestación de un Servicio, que ya no es Público y por tanto no le corresponde su prestación ni directa ni a través de Concesionarios, distorsionando y confundiendo su papel de REGULADOR con el de OPERADOR. Esta novedad podría ser el inicio de la eventual vuelta al modelo de las Telecomunicaciones como Servicio Público que echaría por tierra la existencia, al menos tal como la conocemos, de los demás operadores (Telefonía, Internet, Televisión).


CASO RCTV

La Televisión abierta en Venezuela, siempre ha sido prestada por particulares, en el caso de RCTV, se otorgó en su momento la correspondiente Concesión para la Prestación de Servicio Público de Televisión Abierta, la cual se fue renovando al amparo de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de 1940.

A partir de la vigencia de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de 2000, se declara la actividad de televisión, en el conjunto de los servicios de telecomunicaciones, como SERVICIO DE INTERÉS GENERAL, para cuya prestación se requiere la obtención de un permiso de CONATEL (Habilitación Administrativa) , mas la CONCESIÓN DE USO Y EXPLOTACIÓN DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO otorgada en caso de la TV por MINFRA (Distinta esencialmente a la de Prestación de Servicio Público), ambos Títulos son otorgados con sujeción al principio de la legalidad y en el marco de POTESTADES REGLADAS de El Estado, es decir, si se cumple con los requisitos legales El Estado ESTÁ OBLIGADO A OTORGARLOS.
Adicionalmente, se estableció en la LOTEL, que los Operadores con títulos obtenidos al amparo de la Ley de 1940, debían someterse a un Proceso de Transformación de Títulos, lo cual implicaba el sometimiento de los Títulos antiguos a un proceso que los adecuaría a la legislación actual de forma automática. RCTV igual que los demás operadores, se sometió a este proceso del cual no ha habido respuesta.

Así pues, RCTV está, al igual que el resto de las televisoras del país, sometida a un limbo jurídico, pues presta sus servicios al amparo de títulos no previstos en la legislación actual (Concesión de Servicio Público), hasta tanto CONATEL resuelva la transformación de los mismos como se lo ordena la Ley.

Ahora bien, este limbo jurídico tiene sus características especiales que otorgan una protección legal a los operadores que están en dicho proceso, y es que el artículo 210 LOTEL, en relación al proceso de transformación establece: “…Mientras ocurre la señalada adecuación, todos los derechos y obligaciones adquiridos al amparo de la anterior legislación, permanecerán en pleno vigor, en los términos y condiciones establecidas en las respectivas concesiones y permisos.”

En medio de esta situación legal, nos encontramos con la decisión del Presidente de la República de NO Renovar la Concesión al amparo de la cual presta sus Servicios RCTV, al respecto debe destacarse lo siguiente: 1) Claramente no puede renovarse la Concesión de Prestación de Servicio Público al amparo de la cual RCTV presta sus servicios hoy, pues esta figura, en el caso de la Televisión Abierta NO EXISTE en nuestro ordenamiento jurídico actual; 2) El Estado no está facultado para negar de forma DISCRECIONAL “permisos” y/o “concesiones” relacionadas con la prestación de servicios de telecomunicaciones, pues sus potestades son REGLADAS; y 3) Las Operadoras de Servicios de Telecomunicaciones sometidas al Proceso de Transformación de Títulos, no pueden verse sometidas a variaciones en los derechos y condiciones de prestación de sus servicios, pues de conformidad con el artículo 210 LOTEL, se deben mantener intactos los derechos y obligaciones adquiridos al amparo de los Títulos derivados de la Ley de 1940.

El Estado actuaría con absoluta ilegalidad de hacer variar por cualquier vía los derechos sobre las frecuencias del Espectro Radioeléctrico de cualquier canal de Televisión sometido a transformación de títulos. En el caso de RCTV en particular debe respetarse este proceso, otorgarse la Transformación, de cumplir el canal con todos los requisitos legales, y en consecuencia dar la HABILITACIÓN ADMINISTRATIVA del caso, y la correspondiente CONCESIÓN DE USO Y EXPLOTACIÓN de ESPECTRO por 25 años como lo establece la ley.

Finalmente Venezuela debe respetar un conjunto de principios en materia de Telecomunicaciones, derivados del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y sus Reglamentos, aprobados por Venezuela y ratificados por la Asamblea Nacional, los cuales establecen los principios de transparencia, igualdad, y no discriminación en el otorgamiento de liciencias para la explotación de servicios, en la regulación del sector, y en el acceso de los usuarios. Este marco legal, que tiene rango supraconstitucional, garantiza en definitiva el ejercicio de los derechos de operadores y usuarios.